Através de dos decretos (319 y 320) el Poder Ejecutivo, amparado en la emergencia pública establecida por la ley 27.541 y por la sanitaria declarada por el decreto 260/20, introdujo modificaciones en las reglas de juego que rigen en los contratos de alquiler y en los préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda.
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